Nación, Lucha armada y democracia

Las armas en política constituyen un medio extremo que se autentifica bajo condiciones de tiranía y de total ausencia de derechos. El derecho de los esclavos es sublevarse en contra de la esclavitud y de sus amos.

La democracia, aunque débil o parcial, será siempre una plataforma para luchar por más democracia, y la movilización de la gente y de los sectores más desfavorecidos, en este caso, recurre al legítimo uso de medidas de fuerza – (huelgas, paros, ocupaciones, eventos masivos, etc.)- en conjunto con la participación y organización social e institucional que le permite al pueblo hacer política según los derechos ganados.

La violencia es un factor exacerbado de la contradicción política, y puede provenir de los aparatos represivos del Estado o de sectores que la propician como herramienta de presión. Puede darse esporádicamente en episodios o en coyunturas, o pudiera ser una constante, como decisión política de un gobierno o de un grupo político determinado. Cuando el Estado opta por un sistema policial como forma de enfrentar a los opositores, o cuando una fracción política decide escalar la violencia a formas armadas básicas, es cuando surge una crisis del Estado de Derechos y se coloca a la democracia en un piso frágil y riesgoso.

La lucha armada en condiciones de democracia es una aberración política, y por lo general ha sido herramienta del fascismo en tiempos de cambios o de severa debilidad democrática.

Si declaramos en justicia que Chile, como Bolivia y otros países, es un Estado Plurinacional: establecemos que hay Un Estado y varias naciones que conviven en un solo país. Si se afirmara que, por ejemplo, Chile es un país Plurinacional, omitiendo el encabezado de ‘Estado’, estaríamos aceptando que cada nación pudiera conformar su propio modo estatal. Entonces, aquello que da consistencia a la plurinacionalidad es el ‘Estado’, que es Uno y ceñido al régimen democrático.

Legítimo es reconocer al pueblo Mapuche como Nación en el contexto de Un Estado Democrático. Sin embargo, si esa Nación, o cualquiera sea, rompiese con la unidad que amalgama el Estado Democrático, entonces la política califica tal propósito como ‘Separatismo’. Y si bajo una línea de ‘Separación’ se incitara y proclamara la lucha armada como herramienta válida para lograr sus objetivos, entonces la situación es de una gravedad extrema, porque se apunta a desmembrar los tejidos más sensibles de un Estado de Derechos.

Desde el concepto de ‘Nación Independiente’ y en claro desconocimiento de la unidad plurinacional, quienes rechazan cualquier salida parlamentada y consensuada de los conflictos reales, y sus demandas legítimas, parten de una discrepancia de fondo: no reconocen al Estado Democrático del país, y no se sienten parte de ese país; y al desechar la unidad bajo un solo Estado, aun con autonomía y derechos, definen que son una ‘Nación ocupada por una potencia extranjera’, y con esa plataforma sí se justificaría, políticamente,  la lucha armada: ‘una guerra de liberación’.

La historia pareciera avalar esta base política que justificaría la lucha armada. Porque sí hubo ‘ocupación militar’ (la mal llamada pacificación), sí hubo expoliación de derechos y empoderamiento de tierras ancestrales, hubo empobrecimiento y formas de esclavitud de un pueblo digno y bien estructurado en su cultura y espiritualidad. Y después de más de un siglo de una ‘hazaña’ vergonzante, el Estado de Chile no ha revisado los actos de injusticia cometidos, ni ha resarcido del todo y como corresponde al valiente pueblo que nos dio el origen de ser chilenos.

Los conflictos no pueden ser solucionados encerrándose en los orígenes de la injusticia, sino que pueden ser superados en justicia asumiendo la realidad de hoy, y con visión de futuro. Las Tierras mapuches deben volver a sus legítimos dueños. Sin embargo, hay en los peligrosos ortodoxos del indigenismo extremo, una mirada arcaica que mide su autenticidad según modelos que reniegan de una modernidad que, temen, ‘arrase’ las formas tradicionales de vivir, de trabajar, de sembrar y progresar. Las posturas, como las de ‘sendero luminoso’ en Perú, las de los Kramer Rojos en la ex Camboya, o de los Talibanes, nos muestran la cara más atroz del cavernícola en ropaje revolucionario. Y al leer los comunicados de los grupos mapuches que proclaman la lucha armada, y analizar sus posturas políticas, y comprobar su guerra interna en contra de otros mapuches por diferir de ellos: bien podríamos afirmar que estamos ante una manifestación de guerrerismo o montonera que nunca se sentará a negociar, ni pretende parlamentar, y menos construir unidad plurinacional que permita dignificar al pueblo Mapuche con un sentido de realidad en el hoy, y con mirada al porvenir.

La respuesta del Estado debe ser: más tierras entregadas, un parlamento permanente, desplazamiento de las empresas forestales o acuerdos bilaterales entre comunidades y empresas con aval del gobierno, inyección de recursos abundantes y dirigidos, apertura de centros educativos indígenas, establecimiento de la lengua mapudungun como segundo idioma nacional, autonomía bajo el Estado de Derechos…y todo aquello que las comunidades consideran ser parte de su cultura y espiritualidad.

Nadie debe temer a la igualdad en la diversidad que permita una convivencia armoniosa y justa entre el pueblo mapuche y los no mapuches.

Desmontar a los grupos militaristas que se han guarecido bajo la causa mapuche, exige de una Inteligencia bajo cánones modernos, y en el marco de los Derecho Humanos, sin trasgresión alguna de las libertades democráticas. Justos procesos, abiertos y públicos, y dignidad en la pena a cumplir: porque cuando el Estado se ‘defiende’ echando mano a métodos y formas que son propios de una dictadura, entonces la lucha armada halla su razón y justificación.

Yo fui un oficial del FPMR y combatí a la dictadura por cuatro años bajo condiciones de clandestinidad acérrima y dispuesto a dar la vida por la libertad y la democracia de mi pueblo. Me preparé años como internacionalista. Pasé por academias de guerra y tuve sólida formación militar y de Inteligencia…pero siempre, siempre bajo criterios y mirada política. Convencido de que lo militar y las armas jamás pueden gobernar a la política, sino que la política debe supeditar a lo militar y a las armas: porque de otro modo el terrorismo entra en las venas con una lógica sanguinaria que no distingue inocentes de combatientes.

Desde 1990 he renunciado a la violencia y he optado por la paz como factor de construcción social que mire al siglo 21. Pero si el ogro del absolutismo y de la opresión, con sus torturas y encarcelamientos sin justicia ni justificación, se hiciesen presentes en mi país, sea del color que fuese, no dudaría en oponerme con todas las formas de lucha que la realidad lo consienta y mis fuerzas permitan. Porque aún en la lucha en contra de la dictadura en mi país, nunca caímos, los combatientes, en el terrorismo, y siempre apuntamos a dañar y socavar al régimen tiránico, sin atacar o afectar a inocentes o a civiles no comprometidos con el régimen impuesto. Porque terrorismo hay cuando se ataca a población civil no combatiente, y se afecta a población cautiva del conflicto.

Hoy, lo más revolucionario es más democracia y plena justicia con todo extracto social y cultura que habita en este país. La pobreza es el enemigo más feroz por vencer de una vez. La paz es el objetivo primordial que garantiza progreso. Y justamente porque hay democracia, frágil o paupérrima, como quiera calificarse, es, de todos modos, un sistema que garantiza libertades que, -para quienes vivimos una dictadura y constatamos en primera persona a otros regímenes despóticos en el mundo-, seguirá siendo la joya fundamental que nunca más debemos extraviar, mermar o avasallar. Porque sin libertad, la muerte es la única fuerza que reinaría nuestras vidas.

Ricardo A. Urrutia V.

(Ex Camilo Maturana)

8 Junio 2022